– Marzo 11 de 2019 –
En septiembre del año pasado recibimos cuatro fotografías que a cualquiera con un mínimo de sensibilidad y sentido de justicia dejarían sin aliento. En tres de ellas se veía a un mono araña encadenado por el cuello, con la expresión de tristeza de quien acepta, resignado, una vida de miserias. En la cuarta, tres guacamayas encerradas en una jaula pequeña y vacía, quizás con el único aliciente de no estar solas. Según el denunciante, el mono llevaba 10 años encadenado en la finca de un “tenedor de fauna silvestre”, donde habría más animales en terribles condiciones bajo custodia de la Corporación Autónoma de Santander (CAS).
Antes de solicitarle a la Procuraduría investigar la situación, contactamos telefónicamente a un empleado de la CAS. Él nos confirmó que el mono y las guacamayas se encontraban en la finca señalada, propiedad del tenedor de fauna; que el mono no llevaba 10, sino 12 años encadenado; que la CAS no contemplaba su decomiso por la imposible readaptación del animal a su hábitat; que tampoco tendrían a dónde llevarlo, al igual que a otros animales que en aquel momento se encontraban en pésimas condiciones (un tigrillo, un zaíno, una zorra, un perro de monte y cuatro guacamayas más); y que la CAS le había pedido a la policía ambiental suspender las incautaciones de animales silvestres por no tener dónde albergarlos.
El segundo a contactar fue Juan Gabriel Álvarez, director de la CAS. Pese a su evidente molestia por nuestras preguntas, confirmó que desde su llegada al cargo el mono estaba encadenado. Afirmó que esta situación no vulneraba el bienestar del animal porque “la cadenita le permite desplazarse”. Y se limitó a señalar la legalidad de la figura de tenedor de fauna, repitiendo que los animales estaban bien.
Finalmente, conversamos con Martín Carvajal, director de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Nos dijo que hablaría con el señor Álvarez, “como amigo”, para hacerle caer en cuenta de que ni las guacamayas, ni el mono araña debían permanecer en las condiciones actuales, e informarle que el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Bucaramanga podía recibir a los animales, salvando los impedimentos de jurisdicciones.
Esta información la plasmamos en la solicitud de investigación que radicamos en la Procuraduría el 3 de septiembre del año pasado. El 13 de noviembre anexamos la novedad de que el mono había sido escondido por su propietario y moría, poco a poco, de depresión e inapetencia. El 10 de enero la Procuraduría nos compartió copia del oficio remisorio a la Fiscalía, con fecha del 22 de octubre, informándonos que nuestra petición había sido trasladada a la Unidad Especializada de Bucaramanga. Finalmente, el 5 de marzo nos enteramos, gracias a “Ecolecuá”, un medio informativo de Bucaramanga, que la CAS habría trasladado al mono a su Centro de Atención de Fauna. Sin embargo, no tenemos certeza de este hecho. Y de las guacamayas aún no hay novedad.
Según la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, la situación del mono y las guacamayas a cargo de la CAS no es un hecho aislado. Son varias las alertas que la entidad ha generado sobre el manejo de fauna silvestre a cargo de las autoridades ambientales. Entre otras: falta de infraestructura o infraestructura deficiente para la atención de los animales, e incumplimiento de la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente “por la cual se reglamentan las medidas posteriores a la aprehensión preventiva, restitución o decomiso de especímenes de especies silvestres de fauna y flora terrestre y acuática”. Incluso, ha detectado casos en los que animales decomisados son dejados en custodia de los mismos infractores en calidad de secuestres. Una forma de convertir a traficantes, comerciantes o compradores de animales silvestres en “tenedores de fauna silvestre”, o de legalizar lo ilegal.
En este mismo rango de gravedad, la Procuraduría ha informado que solo 21 de las 39 autoridades ambientales cuentan con algún tipo de infraestructura para la fauna silvestre decomisada. Algunas solo cuentan con jaulas. Otras albergan a los animales en asaderos, donde no reciben ningún tipo de atención especializada y están expuestos como atractivos turísticos. O simplemente carecen de personal idóneo, lo que las lleva a hacer “liberaciones” a la loca para mostrar resultados o a validar formas indignas de tratamiento a los animales, como el encadenamiento. Entre otras cosas, porque las Corporaciones Autónomas Regionales se han convertido en focos de corrupción y clientelismo, como ha sido denunciado en reiteradas ocasiones.
Por supuesto, también hay autoridades ambientales que hacen las cosas bien y cumplen con su deber de salvaguardar la vida y el bienestar de los animales silvestres. Lamentablemente son pocas; como es lamentable, por decir lo menos, la ausencia reiterada del Ministerio de Ambiente en esta discusión.
Hoy esperamos que el Congreso, a través de sus comisiones de protección animal en Cámara y Senado, convoque a un debate urgente de control político sobre el manejo y la protección de la fauna silvestre en el país. También, que tenga en cuenta nuestras tres propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo en este tema (próxima columna).
En cuanto a la Fiscalía y la Procuraduría, confiamos en que lleven a buen término y a la mayor brevedad la investigación sobre el manejo de la CAS y las condiciones de los animales a su cargo. Lo más importante, que pongan a salvo al mono, a las guacamayas y a todos los animales que jamás debieron caer en manos insensibles e incompetentes. Ya han sufrido bastante como para tener que pasar el resto de sus vidas deprimidos y en una cárcel.