Bogotá, 15 de octubre de 2020. La noticia sobre la devolución de ‘Chat’, un perro cuyo maltrato se hizo público gracias a un video que condujo a su aprehensión preventiva a cargo de la Policía y del Instituto de Protección Animal, encendió la alarma sobre la débil implementación de la Ley 1774 que debería proteger a los animales y castigar su maltrato.
Según informó una funcionaria de la entidad, quien pidió reserva de su identidad: “‘Aslan’, ‘Tara’ y ‘Luna Blanca’ también fueron devueltos a sus maltratadores. No sabemos si ‘Candy’ también será regresada y estamos en ascuas con ‘Yanglo’, ‘Fruna’ y ‘Dólar’. Ellos llevan año y medio en custodia del Instituto porque su situación no se ha resuelto. Como si fuera poco, el inspector de policía falló para no devolver a ‘Yeika’, pero en segunda instancia el Instituto decidió regresarla”.
Otro caso fue el de ‘Sara’, una perrita aprehendida en 2018 tras el terrible maltrato que se evidenció en un video en que el se veía a un hombre pateándola. Pese a que Sara estuvo un año en custodia y a la prueba incontrovertible de su maltrato, un inspector de policía decidió regresarla a su maltratador.
Según Andrea Padilla, concejal animalista, “en los tres años de vida del Instituto se han devuelto varios animales, pese a las pruebas. Esta situación puede tener tres causas. Primera, debilidades de la Ley 1774, lo que hace que, en materia policiva, sean los inspectores quienes decidan qué es maltrato. Segunda, es probable que los informes y conceptos veterinarios del Instituto sean deficientes. Tercera, puede que los inspectores teman ser demandados, lo que los lleva a valerse de las debilidades de la Ley y de los conceptos veterinarios para devolver a los animales”.
Otro problema evidente es el recurso humano. En Bogotá solo hay dos inspectores de Atención Prioritaria dedicados a los temas de maltrato animal. Durante el primer semestre de 2020 estos inspectores recibieron 231 casos, de los cuales atendieron apenas 97. Además, ellos mismos deben atender otros asuntos en materia de contravenciones relacionadas con animales, lo que hace que su capacidad de respuesta sea de apenas el 41 por ciento.
A juicio de la concejal, “esta situación es gravísima. Los animales están siendo revictimizados por la institucionalidad que debería protegerlos. El miedo de los inspectores y las posibles deficiencias técnicas del Instituto están poniendo en riesgo a los animales. Por esto le solicitamos al Instituto copia de los conceptos veterinarios de los animales que han sido devueltos, y a la Secretaría de Gobierno, información de los criterios que han llevado a los inspectores a devolver a los animales”.
Para Padilla, “es urgente reformar la Ley 1774 y reglamentarla. Sin embargo, hay acciones inmediatas a desarrollar. Por parte del Instituto se necesitan conceptos veterinarios robustos que evidencien las afectaciones físicas y emocionales de los animales, puesto que el maltrato no siempre es evidente. Por parte de los inspectores, se requiere valentía en las actuaciones e interpretaciones progresistas de las normas. Si hay un choque de trenes entre el Instituto y los inspectores, debe resolverse. Los animales no pueden ser los paganinis del pingponeo institucional”.
Cabe recordar que en el Plan de Desarrollo se aprobó la meta de fortalecer el escuadrón anticrueldad del Instituto, y que el presupuesto total aprobado para acciones de protección animal en las 20 localidades es de $52.546 millones. Según ha dicho el Secretario de Gobierno, parte de este recurso se destinará al fortalecimiento de las inspecciones de policía.
Andrea Padilla Villarraga, PhD | Concejal animalista de Bogotá