-Abril 22 de 2018-
La semana pasada escribí sobre las valoraciones electorales y la movilización del voto que podrían suscitar las cuestiones relacionadas con el trato a los animales en un nicho de otros votantes. Es decir, de personas que no necesariamente elegiremos a un candidato a la presidencia de Colombia motivadas por sus posiciones frente a los temas rectores de la campaña electoral, sino por sus propuestas en materia de protección animal (y ambiental).
¿Con qué criterios orientar esta valoración? La agenda de protección animal en Colombia es vasta, diversa y profundamente compleja. Algunos frentes de violencia y maltrato animal son aceptados como ‘prácticas culturales’, otros tienen componentes sociales o están vinculados a formas de trabajo, unos cuantos han sido deliberadamente ocultados (sin que hagamos mucho por enterarnos), y a otros los hemos condenado como ‘inevitables’ o, simplemente, a fuerza de la costumbre, aceptado como parte del paisaje cotidiano e incluido en nuestro relato de ‘fracaso cultural’. En todo caso, estos frentes han alcanzado niveles elevados de gravedad que no es posible diagnosticar y cuantificar con rigor, precisamente por la falta de registro y acción institucional. Hoy la única certeza es que en Colombia los animales son los grandes huérfanos del estado.
En noviembre del año pasado les formulamos algunas preguntas a los 32 departamentos con sus capitales, queriendo hacernos una idea de la situación de los animales para aportar a esta contienda electoral.
De los 19 departamentos que respondieron, solo 6 afirmaron tener alguna meta de protección animal en su plan de desarrollo: formular una política pública, construir un albergue o educar. Las acciones de control que dijeron realizar con respecto a las actividades ‘culturales’ crueles con animales son exclusivamente las de verificación de requisitos relacionados con la seguridad de la gente. En cambio, admitieron verse azotados por los fenómenos de maltrato, abandono, violencia, ilegalidad y un larguísimo etcétera de prácticas contra los animales, difíciles de enfrentar por falta de recursos (y desconocimiento). Incluso, algunos nos pidieron ayuda.
De los 18 municipios, 9 señalaron metas de protección animal dentro de sus planes de desarrollo, condicionadas por la disponibilidad presupuestal. Solo 3 dijeron contar con una política pública, y apenas 5 tienen un estimado de su población de perros y gatos con hogar (de los más vulnerables, es decir, sin hogar, no tienen cifras). El porcentaje de esterilización de los municipios no llega ni al 1% de la población total: 8 de ellos sumaron difícilmente 11.047 animales en 2016 y 2017, entre otras razones, por culpa de una resolución de 2015 del Ministerio de Salud que, según algunos funcionarios, les impide invertir recursos del Sistema General de Participaciones en la esterilización de animales, como si esta no fuera, también, una medida de salud pública. En Bogotá, donde más cirugías se realizan (63 mil anuales, en promedio), escasamente cubrieron, en 2016, el 5% de la población de animales con hogar.
La cifra de albergues para grandes y pequeños animales domésticos no supera un dígito. La única ciudad que cuenta con un centro de bienestar animal es Medellín. Bogotá y Manizales tienen una unidad de cuidado animal, y otras 5 se sirven de un coso o ‘depósito público’ de animales (figura creada en una ley de 1979). Las capturas por maltrato animal no superan las 20, y solo 3 municipios reportan rescates de animales. De las 22 ciudades obligadas a sustituir los vehículos de tracción animal, apenas 5 de las que contestaron dijeron haber concluido el proceso (Cartagena va por la mitad). Solo existen 12 juntas defensoras de animales constituidas (pese a que la ley que las crea es de 1972), 3 de las cuales están inactivas. Finalmente, sobre el bienestar de animales usados para consumo, no hay nada distinto a sus cifras de explotación.
Evidentemente, también hay iniciativas y resultados destacados, pero son la excepción. El panorama general de los animales en Colombia es, francamente, desolador.
Con base en estos datos, la agenda nacional de protección a los animales debería cimentarse sobre cuatro pilares:
- Política pública: Formulación de una política nacional de protección y bienestar de animales domésticos y silvestres, adecuada a las realidades de los territorios.
- Institucionalidad administrativa: Creación de una unidad o entidad nacional rectora para la orientación y evaluación de la política pública,y de entidades descentralizadas para su implementación.
- Institucionalidad de justicia: Creación de unidades municipales de policía de rescate animal y de las figuras de jueces y fiscales especializados que activen la Ley 1774 de 2016.
- Presupuesto: Destinación de un porcentaje del presupuesto nacional para la política pública (Plan Nacional de Desarrollo) y creación de una participación para la protección y el bienestar de los animales dentro del Sistema General de Participaciones (SGP).
Lamentablemente, hasta ahora, las menciones de los candidatos se han limitado a una consigna general del tema, en el mejor de los casos, o a responder si les gustan o no las corridas de toros. Las campañas de Sergio Fajardo y Humberto de la Calle nos enviaron algunas ideas que, sin embargo, no están incluidas en sus propuestas de gobierno. Solo Gustavo Petro y Germán Vargas Lleras tienen propuestas públicas para los animales. Los otros votantes esperamos que, a cinco semanas de la primera vuelta, los candidatos se manifiesten.