Por: Andrea Padilla Villarraga
Activista por los derechos de los animales | Senadora animalista de Colombia | Ph.D. Derecho | @andreanimalidad |
– Septiembre 25 de 2023 –
Ya son ocho los proyectos de ley que se han presentado para prohibir, incluso reglamentar, los espectáculos crueles con animales en Colombia. El más reciente incluía las corridas de toros, peleas de gallos y corralejas, pero fue hundido en el tercer debate con los votos de once representantes de la comisión quinta de la Cámara. Y aunque hoy avanza uno nuevo, de autoría del Ministerio de Cultura, es decir, del gobierno nacional, todo parece indicar que, en materia legislativa, nuestro tope serán las corridas de toros. El presidente Petro seguramente no se meterá en otra lucha contra el maltrato animal, aunque lo haya prometido, a menos, quizás, que el asunto tenga un componente “de clases”.
Por supuesto, avanzar en la prohibición de una de las prácticas crueles que hoy permite nuestra legislación y que ha sido un estandarte de la causa por los derechos de los animales, sería un paso extraordinario. Pero temo que la prohibición de las corridas de toros sea el dulce que nos dé el Congreso, a condición de no tocar el coleo, las peleas de gallos y las corralejas, tan brutales y dantescas que se cuentan por miles las víctimas entre personas muertas, heridas y animales masacrados. En otras palabras, mientras dejemos quieta la barbarie en la que, además de sangre, corren poder y dinero.
Sin embargo, nuestra democracia habilitó mecanismos de participación para permitirnos, a grupos de ciudadanos organizados, someter a decisión popular asuntos de interés general y materializar nuestro derecho fundamental a la participación democrática. ¿Por qué, entonces, no apelar a uno de ellos para derogar la norma, anterior a la Constitución, que ha permitido la crueldad con los animales en espectáculos cada vez más rechazados por su violencia y peligrosidad? No es de extrañar que los ciudadanos “de a pie” tengan posturas compasivas o justicieras sobre la protección debida a los animales, cuyo avance contrasta con el letargo y la baja representatividad del Congreso ¿Qué nos obliga a esperar que se mueva y avance el lento poder congresional, atado a cálculos y poderes políticos regionales, cuando tenemos la posibilidad de (intentar) avanzar en defensa de víctimas reales? Aunque los mecanismos sean inciertos y espinosos, hay cómo andar.
Ya oigo a enemigos de los animales alegar que el referendo costaría muchísimo dinero, aunque no se refieran a otros referendos en curso ni los escandalice la multimillonaria corrupción. También he leído a algunos embaucadores decir que con lo que cuesta un referendo solucionaríamos los problemas de los animales sin hogar, como si ese dinero estuviera a disposición de los animales y la cuestión fuera cómo usarlo ¡Ya quisiéramos! Otros han salido a decir que no es más que una estrategia electoral –lo que quizás refleja más su ignorancia que su tontera– del mismo modo en que critican a quienes donan a causas sociales diciendo que lo hacen por beneficios tributarios. En fin, mezquinos y refunfuñadores que no creen que los animales merezcan atención del estado o que sospechan hasta de la bondad.
Lo cierto es que el referendo por los animales avanza como parte de una agenda pública para derrotar la crueldad y protegerlos de la tortura en espectáculos. Pero, más importante aún, como parte de nuestro deber moral de hacer todo lo que podamos por ellos y contra la violencia, haciendo uso de las herramientas que nos ofrece la democracia. Esta cuesta, sí, pero más nos cuesta seguir sumidos en la indiferencia y permitiendo que los más indefensos –puesto que no hablan– sigan siendo masacrados y, con ellos, los pobres tontos que sostienen tan infames estructuras de poder.